Introducción El activismo judicial y la eficacia de sus decisiones se sustentan en el presupuesto de independencia judicial. Esta, desde una connotación negativa, hace referencia a la ausencia de intrusiones en la administración de justicia por parte de los demás poderes públicos y demás órganos del Estado, los sujetos procesales y demás actores del campo social vinculados a la administración de justicia. La arrogación de las funciones, que en última instancia constituye una justificación a la no injerencia en las decisiones judiciales por parte de otras órganos del poder y la extensión de las funciones de control jurisdiccional como mero ámbito de aplicación de la norma, bien puede darse por atribución constitucionalmente consagrada o por interpretación extensiva de sus funciones por parte de los tribunales; esto último, lo que constituye un síntoma de mas activismo judicial. La independencia judicial es uno de los principales problemas que afrontan los tribunales judiciales en América Latina. Desde cualquiera de sus aspectos formales o sustanciales en tanto independencia institucional o subjetiva, se constituye en presupuesto de la autonomía en la toma de decisiones que pongan fin a los conflictos intersubjetivos que en el aparato judicial se ventilan. Las posibilidades de gozar de una relativa o absoluta independencia determina las posibilidades de activismo judicial en la protección de Derechos que involucran decisiones de política económica sensibles para el ejecutivo y el legislativo, la revisión de políticas sociales que involucran Derechos prestacionales y la intervención en actos de política de seguridad interior o exterior.  La presente ponencia es resultado parcial de investigación del proyecto "Independencia judicial, activismo judicial y garantía de la democracia y la igualdad. Un análisis a la relación entre política, función judicial y consolidación de la democracia en Colombia a partir de la Constitución Política de 1991", financiado por la Universidad Pontificia Bolivariana.