En el año 1948, luego de numerosos debates acerca de la definición de familia y del status de los considerados hijos “ilegítimos”, se aprobó en nuestro país la primera ley que estableció la adopción de niños. Sancionada durante el primer gobierno peronista, fue presentada como una verdadera conquista social a favor de la niñez y también como una solución para la “infancia desviada o en tránsito de desviarse”. A partir de ella determinados funcionarios públicos comenzaron a intervenir obligadamente en prácticas de circulación de niños que, lejos de ser nuevas, empezaron en ese momento a regirse por procedimientos formales. En este trabajo nos proponemos realizar una descripción de los procedimientos burocráticos establecidos así como de las situaciones conflictivas que se generaron a partir de la sanción de esta normativa. A partir de la identificación de los diferentes actores que intervenían en estas prácticas, nuestro interés es indagar en los sentidos asociados a esta figura legal en el marco de un proceso más amplio que conjugó la expropiación de las funciones tradicionalmente asignadas a las instituciones privadas por parte del Estado y una mayor intervención del mismo en la regulación de las relaciones familiares. Entendiendo que el análisis de estas prácticas judiciales puede constituir una vía para explorar la forma en que se ha tramado en nuestro país una particular vinculación entre los sentidos del parentesco, la autoridad y el Estado.