Durante los años ochenta, en la Argentina comienzan a ser evidentes los serios problemas, o el agotamiento, del régimen social de acumulación sobre el cual el sistema político se asentaba. Ello se vuelve manifiesto en la incapacidad del Estado para sostener un sendero de crecimiento económico con inclusión social. Avance del desempleo y de la informalidad laboral, la pérdida de poder adquisitivo de las clases medias, y el descubrimiento de la pobreza urbana devienen en rasgos imperantes de la situación Argentina. Por tal motivo, surgen una serie de iniciativas que buscan atender estos problemas desde una perspectiva de cumplimiento y tutela de los derechos sociales.